Sistema Anticorrupción y la Agenda 2030
Una de las promesas
del presidente Enrique Peña Nieto fue el combate a la corrupción, fue durante
su gobierno que se logró uno de los avances más reconocidos por el grueso de
los sectores sociales y económicos de nuestro país, nos referimos al Sistema
Nacional Anticorrupción (SNA), un abono a la promoción y fomento de las
instituciones en materia de combate a la corrupción. Posibilitado esto sólo por un pacto entre los principales actores de aquel entonces.
El SNA se define como
una instancia de coordinación entre distintas autoridades federales y locales
que buscan combatir eficazmente la corrupción, pero aquí una de las primeras
limitaciones, al menos iniciales, lograr coordinar a varios entes no es tema
sencillo, sobre todo cuando existe un marco jurídico que aún sigue ajustándose
precisamente en la búsqueda de los mejores “esquemas de trabajo”. Ha sido
reconocido por los primeros participantes de los sistemas (el nacional y los
estatales), la necesidad primaria de sentar y fijar bases sólidas de operación,
esto les ha llevado tiempo desde inicios de la creación hasta hoy. Mientras
las personas del cotidiano demandan evidencia de actuación en castigo de la
corrupción, las instituciones continúan en su proceso de creación, aplicando
aquel principio de sobre la marcha vamos solventando.
La figura del
ciudadano destaca desde la óptica de inclusión de éste en los procesos de
conformación de una institución como lo es el SNA. Pero sigue siendo uno de los
cuestionamientos entender ¿de qué mecanismo se puede apoyar la ciudadanía para
realmente participar en el proceso de combate a la corrupción?, desde la
denuncia pero al igual participando de los procesos hasta que finalicen. Se
manifiestan diariamente voces de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC),
que no sólo desconocen en muchas ocasiones como participar, sino como puede su
expertise coadyuvar al fin que persigue el SNA en su conjunto. Se menciona que el Comité
de Participación Ciudadano (CPC) es el órgano del SNA más cercano en atender
las aportaciones e inquietudes de las personas, pero poniendo la lupa sobre
ésta vertiente, ¿cómo están siendo incorporadas estas participaciones
ciudadanas?
El CPC se define como
aquel que propone políticas anticorrupción, metodologías e indicadores de
evaluación, y sobre todo, vigilar el funcionamiento del SNA.
Se celebran coloquios
y foros en que se discute cada año el avance del SNA, afortunadamente a 2019 se
puede referir la implementación de los 32 Sistemas Estatales Anticorrupción
(SEA). Con las recientes elecciones de 2018 se mantuvo en un impase la labor
del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (CCSNA), la llegada
de nuevos rostros y nuevas trayectorias requiere de reinterpretaciones de las
prospectivas. El nuevo gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador
retoma el tema de la lucha anticorrupción, le agrega nuevos ingredientes al
discurso, y pone sobre la mesa fragmentos de realidad a partir del
lopezobradorismo, términos como “la mafia del poder”, “austeridad republicana”,
entre otros, requieren de un ajuste y reinterpretación de lo que vendrá con el
SNA en próximos años, un SNA más robustecido, yo diría casi completo, uno que
ha logrado establecer mecanismos de comunicación entre las diferentes
instituciones, y uno que ya está en proceso de maduración.
En carta reciente de
José Octavio López Presa, muy atinadamente considera retomar desde una
perspectiva integral los avances del SNA, a través de las siguientes líneas: instituciones, individuos, información e
índices. ¿Qué hemos avanzado en cada rubro?
El conjunto de la ciudadanía coincidimos en que el lastre de impunidad que cargamos a su vez promueve más actos de
corrupción, como un ciclo vicioso. En próximos foros la pregunta tendría que ser ¿cómo desde la
ciudadanía se puede contribuir a la política nacional anticorrupción?, vigilar y velar porque las conclusiones se materialicen. La Agenda 2030 en éste
sentido se convierte en un esquema que puede posibilitar acercar estos y otros
contenidos a la ciudadanía y para que éste sector aporte, las metas del ODS 16
al respecto:
- Meta 16.5 refiere reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas
- Meta 16.6, crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles
- Meta 16.7, garantizar la adopción de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades a todos los niveles
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